Aborto: un debate ideológico

LA GACETA continúa presentando las distintas propuestas o posturas de los precandidatos a gobernador, referidas a múltiples temas. En este caso, los nueve que siguen en carrera -el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, se bajó y optó por apoyar a Manzur- opinaron sobre el aborto. Las posiciones se encuentran divididas; pero la mayoría coincide en que una profunda discusión sobre este tema se vuelve necesaria, pero que este debate debe darse en el ámbito de la nación

La vida es un derecho inviolable en nuestra sociedad, y como tal debe ser respetado y garantizado por el Estado. Todos alguna vez hemos escuchado aquella sentencia que dice: “el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro”. Nunca debemos olvidar esta norma. Que las decisiones individuales no afecten la vida del niño por nacer. Contrariamente a lo que por ahí se puede llegar a argumentar, el aborto no es un método anticonceptivo. Se trata, indudablemente, de una decisión que implica una vida humana. Desde cada área del Estado que tenga injerencia sobre esta temática debemos trabajar con mayor esfuerzo; en particular, en lo que respecta a la educación sexual y a la prevención de los embarazos. Únicamente de esta manera se pueden evitar sucesos no deseados, sin que se afecte la integridad física y moral de las mujeres. La vida es siempre un milagro, demos la posibilidad de que ocurra.

La vida comienza con la concepción. En consecuencia, interrumpir un embarazo o abortar es un delito. Así lo establece el Código Penal. Yo estoy totalmente en contra del aborto. Entiendo que en ningún caso sería correcta la legalización; yo estoy a favor de la vida, sin ninguna duda. El aborto es un tema que debe debatirse con  mucha tranquilidad, con suma responsabilidad y durante el tiempo necesario, en el ámbito del Congreso de la Nación, y teniendo en cuenta las posiciones de todos. Pero esencialmente la de la persona por nacer, que es la más indefensa a la hora del debate. Si bien los derechos humanos son progresivos, siempre se van ampliando, nunca restringiendo. No se pueden quitar derechos otorgados; y el aborto termina quitándole a la persona por nacer su primero y fundamental derecho: el derecho a la vida. Si el Estado  va a decidir quién es persona, se acabaron los derechos humanos.

En la Argentina existe un régimen violentamente abortista, demostrado en el hecho de que se producen medio millón de abortos clandestinos anuales. El aborto ilegal produce un tercio de la muerte materna en nuestro país. Estamos bajo un régimen que empuja a las mujeres a abortar y que luego las condena. El Gobierno K, aliado con la oposición macrista y massista, y con el apoyo de la Iglesia, han bloqueado el tratamiento de una ley para garantizar el derecho al aborto. En nuestra provincia incluso se incumplen las disposiciones en los casos de abortos que se consideran legales. La clandestinidad produce también un enorme negocio para clínicas privadas -y para médicos-, a las que sólo llegan las mujeres de clases media y alta. Planteamos: educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Por un Estado laico; es decir, por la separación de la Iglesia del Estado.

El aborto tiene dimensiones morales, filosóficas, antropológicas y religiosas. Como abogado, tengo la obligación de responder desde el aspecto jurídico: sé que despenalizar el aborto sería ir en contra de la Constitución nacional y provincial vigentes y de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dispone: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida a partir del momento de la concepción”. El conflicto entre el sufrimiento moral de la madre y la eliminación de una vida, para quienes reclaman su legalización, parece querer resolverse por la eliminación de la vida. Y esta decisión resulta inadmisible. Estoy convencido de la necesidad de políticas públicas destinadas a la construcción de caminos e instrumentos que salvaguarden la vida, para dar respuesta a la situación de vulnerabilidad y desamparo que sufren muchas mujeres. En este sentido, recordemos que sin el derecho a la vida, todos los demás derechos se tornan ilusorios.

Estoy a favor del derecho a la vida. La discusión sobre la legalidad o no del aborto debe darse, indefectiblemente, en el ámbito federal, debido a que implica una necesaria reforma de la Constitución Nacional. Creo que abrir hoy el debate sobre este tema es profundizar grietas y dividir aún más a la sociedad, algo que es funcional a quienes detentan el poder. Desde el Gobierno local, nuestro plan es trabajar para reducir los embarazos no deseados con políticas que incluyan a las familias y que garanticen la adecuada la educación sexual en todos los niveles educativos. También vamos a fortalecer la atención primaria de la salud para que los sectores de menores recursos tengan acceso a seguimientos tocoginecológicos adecuados y a la información necesaria para su vida en relación. Soy un referente de un espacio plural y mi responsabilidad es garantizar el respeto de derechos y principios de todos los tucumanos.

La realidad es que hoy en Argentina se producen 500.000 abortos por año y es la principal causa de muerte materna. Defendemos el derecho a la vida del niño por nacer, científica y biológicamente. Pero debemos ayudar efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que estas no tengan que recurrir a abortos clandestinos, que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal. Nos parece un acierto de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, cuando en marzo de 2012, resolvió que el aborto es no punible en casos de violaciones cometidas sobre cualquier mujer -no solamente sobre mujeres discapacitadas-; y además, cuando indicó que no es necesario recurrir a la Justicia para su realización. Sostenemos que el Estado argentino debe ser garante de ese derecho.

Si resulto electo gobernador, la Provincia tendrá que adherirse a la Ley Nacional N° 25.673 (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable). Si alguna mujer es víctima de una violación sexual, queda embarazada y peligra su vida tiene derecho a realizarse un aborto. Y la Justicia tendrá que hacerle lugar a su pedido, respetando su voluntad. Lo que sucede en esta sociedad es que algunas mujeres no son coherentes con su posición. Dicen “no al aborto”, porque tienen dinero para comprar pastillas, inyecciones anticonceptivas o se colocan el Dispositivo Intra Uterino (DIU). Pero qué pasa con las mujeres de escasos recursos, sin cultura ni educación, que deben acudir a curanderos y terminan muertas por las infecciones que se les producen cuando intentan realizarse un aborto mediante las prácticas del curanderismo. La mujer pobre acude al curandero; las ricas se hacen practicar abortos en clínicas, sanatorios o consultorios privados.

Mi postura personal, que coincide con la impulsada por la Provincia durante todos estos años, ha sido en favor de la vida. Tanto de la vida del niño por nacer como de la vida de la madre. Es por este motivo que siempre hemos trabajado para disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad materna. La salud de la mujer es y ha sido una prioridad desde el inicio de nuestra gestión. Debemos evitar todas aquellas situaciones que pueden llevar a que una mujer ponga en riesgo su propia vida. Para esto, consideramos que se debe evitar el embarazo no deseado, trabajando en la planificación familiar, con educación sexual, con consejería en nuestros efectores de salud. La accesibilidad al mejor método anticonceptivo para cada caso es fundamental. En lo que respecta a los casos de aborto no punible o de interrupción legal del embarazo, debe atenderse que esta es una situación indicada por la legislación.

Partimos de que la educación sexual no se imparte en las escuelas y que el acceso a los anticonceptivos en la atención publicada es limitado, en el mejor de los casos. En caso de violación no se respeta el derecho al aborto no punible. Miles de mujeres se enfrentan a embarazos no deseados y la clandestinidad del aborto sentencia a muerte a cientos de pobres que no pudieron pagarse un aborto en una clínica. El arco político tradicional -oficialista y opositor- acuerda en mantener esta situación en donde el derecho de las mujeres a decidir es vulnerado. Esto es así por las estrechas relaciones con el Arzobispado. Los millones que reciben la Iglesia y la educación privada deberían ser destinados a financiar un programa integral por la salud de las mujeres. Retomamos la consigna del movimiento de mujeres, “educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.